Legislación

Es imposible resolver sobre la procedencia de una nota de calificación sin tener a la vista el documento a que dicha calificación se refiere.

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Faustina y doña Guadalupe Garrido Gormaz, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 2, de Alcalá de llenares, a practicar una inscripción, de determinada participación, indivisa de finca en virtud de apelación de las recurrentes.

Fecha: 
dimecres, 5 juny, 2002

Los bienes adjudicados a uno de los cónyuges mediante la liquidación de la sociedad de gananciales puede responder de las deudas gananciales contraídas por su consorte antes de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal (cfr. artículos 1317, 1401, 1402 del Código Civil); lo que ocurre es que, a falta de una presunción legal de ganancialidad de las deudas contraídas constante la sociedad conyugal, esa responsabilidad no puede ser apreciada por el Registrador ni en el estrecho marco del recurso gubernativo con base en la mera declaración de la Unidad Recaudadora, si no precede la correspondiente decisión judicial mediante procedimiento judicial en el que la titular registral haya sido parte (cfr. artículo 24 de la Constitución).

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Administración de la Seguridad Social contra la negativa de la Registradora de la Propiedad número 1 de Santander, doña María Concepción Molina Serrano, a practicar una anotación, preventiva de embargo.

Fecha: 
dimecres, 5 juny, 2002

Y esta cancelación sí que no puede discurrir por el más simple cauce de las que son admisibles sin consentimiento del titular registral, sino que precisa cumplir la regla general del artículo 82, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el concurso de ese consentimiento -o el de sus herederos de considerarse transmisible a los mismos la facultad revocatoria- o, ante su negativa a hacerlo y de estimarla procedente el donatario o cualquier otro interesado, en virtud de la resolución judicial recaída en juicio ordinario tal como prevé el párrafo tercero de la misma norma legal. Lo contrario supondría cercenar ese derecho legal, no porque con la eliminación del modo del Registro quede aquél extinguido, sino porque de proceder así podría volverse inoperante al quedar a cubierto de sus efectos los terceros adquirentes de los bienes donados o de algún derecho sobre los mismos conforme a la excepción que el citado artículo 647 contiene a favor de lo dispuesto en la legislación hipotecaria y que ésta vuelve a reiterar, de forma expresa, en el artículo 37.2.° de la Ley Hipotecaria.

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por Confraternidad Sacerdotal Operarios del Reino de Cristo, frente a la negativa de la Registradora de la Propiedad de Valdepeñas, doña Esther Ramos Alcázar, a cancelar la condición resolutoria a que aparece sujeta la transmisión de unas fincas.

Fecha: 
dimecres, 5 juny, 2002

Tratándose de la retribución de los administradores no hay duda que una precisa determinación y cuantificación en los estatutos eliminaría el problema, pero cuando aquellos se limitan a fijar unos criterios sujetos a apreciación la presencia de los intereses en juego ha de inclinar por atribuir su aplicación a la Junta general, sin perjuicio de un cierto margen de delegación como la que puede deducirse del artículo 124.3 del Reglamento del Registro Mercantil en orden a la distribución del monto total de la retribución entre los propios administradores. La tesis del recurrente de que la actuación en este punto de la Comisión de Retribuciones queda en definitiva sujeta a la ratificación de la Junta general a la hora de aprobar las cuentas no es aceptable pues la retribución ha de quedar prefijada al tiempo de convenirla. A todo ello ha de unirse las ya apuntadas exigencias que para una determinada retribución, como es en este caso la prevista de opciones o compra de acciones, ha introducido la reforma legal llevada a cabo por la disposición adicional decimonovena de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, en que la atribución de la competencia a la Junta y su indelegabilidad aparece claramente establecida.

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Altadís, Sociedad Anónima», frente a la negativa de la Registradora mercantil IV de Madrid, doña Eloísa Bermejo Zofío, a inscribir determinados particulares de los estatutos de dicha sociedad.

Fecha: 
dimecres, 5 juny, 2002

La preferencia del proceso de ejecución que proclamaba la anotación preventiva de embargo respecto de cargas o gravámenes que accedieran al Registro con posterioridad debía entenderse trasladada a la inscripción de la transmisión derivada de la aprobación del remate practicada durante su vigencia, la caducidad de la anotación preventiva de embargo se produce "ipso jure" (cualquiera que sea su causa), careciendo a partir de entonces de toda eficacia jurídica, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación o restricción que para los mismos suponía la presencia de aquella anotación que ya no puede servir de soporte que para cancelar inscripciones o anotaciones «posteriores» a la misma conforme a lo previsto en el artículo 175.2 del Reglamento Hipotecario que, en su caso, deberá obtenerse por otra vía.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Caixa d'Estalvis de Girona, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad de Palafrugell, don Carlos Llorente Birba, a cancelar las cargas ordenadas en, un mandamiento judicial, en virtud de apelación del recurrente.

Fecha: 
dimecres, 5 juny, 2002

Pues bien, en el presente supuesto, si bien es cierto, como dice el Registrador, que la afirmación de querer facilitar la liquidación es más motivo que causa, también lo es que se expresa en la escritura una causa onerosa suficiente para el desplazamiento patrimonial, la cual viene constituida por ser la aportación compensación de los gastos realizados para contraer matrimonio, unida al hecho de que el precio de la vivienda pendiente de pago se va a satisfacer con dinero ganancial.

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por Notario de Jaén don Juan Lozano López, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Fuenlabrada número 1, don, Valentín Barriga Rincón, a inscribir una escritura de aportación, a sociedad de gananciales

Fecha: 
dimecres, 5 juny, 2002

El cierre registral por incumplimiento de obligaciones de tipo fiscal sea la no presentación de la declaración correspondiente al impuesto durante tres periodos impositivos consecutivos, o bien en que sus débitos con la Hacienda Pública del Estado se declaren fallidos-, y que corresponde acordar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en todo caso previa audiencia del interesado, se traduce- según su régimen vigente que se recoge en el artículo 137.1 y 2 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades-, tras su notificación al registro público correspondiente, en la extensión en la hoja abierta a la sociedad de nota marginal haciendo constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a la misma concierna sin presentación de certificación de alta en el índice de entidades.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en, el recurso gubernativo interpuesto por don Francisco Cañellas Bornas frente a la negativa del registrador mercantil de Almería, don Tesifón Joya Pérez, a inscribir determinados acuerdos sociales.

Fecha: 
dimecres, 5 juny, 2002

La evidente utilidad de la constatación registral de que una inscripción de dominio está en entredicho por cuanto una sentencia no firme ha declarado nulo el título que la motivó y ordenado su cancelación sino, además, la propia contrastación del artículo 42-10 de la Ley Hipotecaria con el 727-6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y especialmente, con el 524 del mismo texto legal, ponen de manifiesto la anotabilidad de la concreta situación en que se encuentra la inscripción de dominio a que se refiere el mandamiento calificado, sin que sea relevante -y menos para rechazar todo reflejo registral precisar si la anotación que ha de practicarse es la de la propia sentencia no firme que fundamenta el mandamiento calificado y que ordena la cancelación de un asiento de dominio (tal como se infiere del artículo 524-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), o de la cancelación misma que se persigue, pues, mas allá de la denominación elegida, lo relevante será, la publicación tabular de la específica situación en que se encuentra la titularidad dominical inscrita a que la sentencia se refiere.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2002, de da Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el «Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Jijona, don, Martín Marcos Jiménez a practicar una anotación preventiva de cancelación de una inscripción de dominio.

Fecha: 
dimarts, 4 juny, 2002

Resulta de dicho Registro el que los bienes aparezcan inscritos a favor de la esposa de la persona contra la que se sigue el procedimiento sin que conste la declaración judicial de que la deuda es ganancial. El Registrador no puede practicar la anotación pues se lo impiden los principios registrales de tracto sucesivo y salvaguarda judicial de los asientos (cfr. artículos 1.3 y 20 de la Ley Hipotecaria), que tratan de evitar que afecten al titular registral los actos emanados de procedimientos judiciales o administrativos que le son ajenos, o que dicho titular sufra en el mismo Registro las consecuencias de una indefensión procesal.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en, el recurso gubernativo interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Tomelloso, don Juan Sarmiento Ramos, a practicar una anotación, preventiva de embargo.

Fecha: 
dimarts, 4 juny, 2002

Ttratándose de préstamos hipotecarios, el principio de determinación registral se predica solo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensión, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del préstamo garantizado que no influyan en el juego de la garantía, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijación de un tipo máximo al que pueden ascender los intereses ordinarios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se señala el límite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas allá del cual no podrán ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2002, de da Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Torres Pacheco, don Juan Isidro Gancedo del Pingo, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Murcia, número 7, doña María Ángeles Cuevas de Aldasoro a inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación, del recurrente.

Fecha: 
dimarts, 4 juny, 2002

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