Legislación

La exigencia de los requisitos ahora debatidos resultaría de todo punto desproporcionada y opuesta a la necesaria consideración de la ratio de la norma y de la actual realidad social en la que debe facilitarse el tráfico mercantil, y en concreto respecto de la adaptación al euro mediante unos apuntes contables más simplificados, sin imponer costes innecesarios y siempre que no comporte merma de la seguridad jurídica ni contravención de las normas mercantiles imperativas, interpretadas atendiendo al espíritu y finalidad de las mismas. Por todo ello, debe entenderse que en el supuesto concretamente debatido, los defectos invocados en la nota de calificación carecen de entidad suficiente para impedir la inscripción de los acuerdos sociales en cuestión.

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Benito y Monjardín Toledo, Sociadad Anónima», contra la negativa de la Registradora Mercantil de Toledo, doña Pilar del Olmo López, a inscribir una escritura de elevación, a público de acuerdos sociales de aumento del capital y modificación de Estatutos de dicha sociedad.

Fecha: 
Viernes, 13 Julio, 2001

El asiento practicado no es una anotación, por lo que no ha de aplicarse la regla general de caducidad de las anotaciones, y, en consecuencia, la afección deberá continuar mientras no haya una resolución judicial o se acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas. Que el Real Decreto citado de 1981 exige, como garantía para el Estado, esta nota de afección como presupuesto de la concesión de las subvenciones y beneficios fiscales como una verdadera garantía real, para el caso de que la empresa renuncie a los beneficios o incurra en incumplimiento de las bases, estableciendo que, en dichos casos, se procederá según lo establecido en el entonces vigente Estatuto de Recaudación para los casos de descubierto y que en ninguna norma se establece la excepción a la regla general que en nuestro Ordenamiento jurídico es la exigencia para la cancelación de asientos del consentimiento del titular o la resolución judicial en juicio declarativo entablado contra aquél

RESOLUCION de 1 de junio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en, el recurso gubernativo interpuesto por Caixa d'Estatvis i Pensions de Barcelona, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, don Ignacio Sampedro Martínez, a cancelar una nota marginal, en virtud de apelación, del recurrente.

Fecha: 
Viernes, 13 Julio, 2001

Habrán de cancelarse a instancia de parte, sin que pueda alegarse la salvaguardia judicial de los asientos registrales que, como el propio artículo 1, párrafo 3° de la Ley Hipotecaria señala, se extiende a los asientos «en cuanto se refieren a los derechos inscribibles» y de ahí, que el artículo 98 de la Ley Hipotecaria posibilite la cancelación, por mera solicitud, de aquellas constataciones tabulares «que no tengan la consideración de gravamen a los efectos de la Ley Hipotecaria». Se garantizará con la cancelación pretendida además que el derecho cuestionado que ha sido inscrito, goce de la presunción de exactitud y validez que le confiere su inscripción.

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en, el recurso gubernativo interpuesto por de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja), contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Madrid, número 26, doña Purificación García Herguedas, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en, virtud de apelación, de la señora Registradora.

Fecha: 
Viernes, 13 Julio, 2001

Habrá de comprobarse ahora la práctica en legal forma de las citaciones de los titulares registrales a quienes pueda afectar el auto pretendido y no aquellas otras exigencias de publicidad como la debatida, dirigida a las personas ignoradas a quienes podría perjudicar la inscripción solicitada.

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Miguel y don José Vargas Morillo, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Baeza, doña Carmen Jalón González Moreno, a inscribir un auto dictado en el expediente de dominio en virtud de apelación del recurrente.

Fecha: 
Viernes, 13 Julio, 2001

No puede acceder al Registro, pues, siendo evidente su repercusión en la hipoteca falta el consentimiento del constituyente de la garantía (cfr. artículo 20 Ley Hipotecaria). Y no se alegue que en el presente caso, no hay ningún perjuicio para el hipotecante por cuanto la modificación del crédito que se pacta le es más favorable, pues, aparte de que no siempre lo más beneficioso para el deudor lo es también para el garante (cfr. artículo 1.851 Código Civil), no es posible determinar si la modificación pactada es o no más beneficiosa para el propietario del bien gravado, por cuanto nada asegura que los nuevos índices de referencia pactados vayan a determinar una deuda por intereses remuneratorios -que quedará garantizada con la hipoteca- menor que la que derivaría de los índices originariamente estipulados.

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid, don Juana Romero-Girón Deleito, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid, número 33, don Ramón Sánchez de Frutos, a inscribir una escritura de novación, de préstamo hipotecario, en, virtud de apelación del señor Registrador.

Fecha: 
Viernes, 13 Julio, 2001

LEY 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



LEY 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



El 14 de abril de 1999 entró en vigor la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Fecha: 
Jueves, 12 Julio, 2001

LEY 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja



LEY 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja

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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA



Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

Fecha: 
Martes, 10 Julio, 2001

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