Legislación

ORDEN de 25 de enero de 2010, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración, entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas de País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra y la Comunidad Autónoma de Aragón, de adhesión al convenio del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito de la administración de la justicia.


ORDEN de 25 de enero de 2010, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración, entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas de País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra y la Comunidad Autónoma de Aragón, de adhesión al convenio del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito de la administración de la justicia.

En los instrumentos en los que existan varios otorgantes, aparte de que se otorgan en interés común de todos ellos (así, en la compraventa el comprador recibe la cosa y el vendedor el precio), todos responden solidariamente del pago de los derechos notariales, y, de acuerdo con el artículo 1137 CC, el notario podrá dirigirse contra cualquiera de ellos para reclamar la totalidad de los derechos devengados. La entidad reclamante no plantea impugnación de honorarios y la cuestión de la diferencia de la cantidad de 400 euros inicialmente solicitada y la posteriormente reclamada se halla justificada en el informe de la notaria, donde se alega que esos 400 euros obedecía a una provisión de fondos para el caso de un eventual encargo de la gestión documental, que, al no ser encargada, debían ser deducidos.

Recurso de alzada interpuesto por don ….., en representación de «Obras y Reformas Kazia, S.L.», contra el acuerdo de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Valencia de 18 de diciembre de 2017, que desestimó íntegramente la queja presentada contra la Notaria de Viver, doña Eva-María Peiró Fernández-Checa

DECRETO 208/1998, de 30 de julio, por el que se regula la acreditación de la corrección lingüística de los nombres y apellidos.



DECRETO 208/1998, de 30 de julio, por el que se regula la acreditación de la corrección lingüística de los nombres y apellidos.

El artículo 19 de la Ley 1/1998 de 7 de enero, de política lingüística, dispone que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña tienen derecho al uso de la forma normativamente correcta en catalán de sus nombres y apellidos y a incluir la conjunción "i" entre los apellidos.

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