Ayer por la tarde Joan Carles Ollé, Vicepresidente del Consejo General del Notariado y Decano del Colegio de Cataluña compareció en el Congreso de los Diputados para informar sobre la postura del notariado acerca de las ejecuciones hipotecarias, un problema social por el que los notarios ya han manifestado en anteriores ocasiones su preocupación y sensiblidad.
En su comparecencia, que se produce unos meses después de la que hizo en el Parlamento catalán con la misma finalidad, Ollé expuso su preocupación por “simplificar en exceso una cuestión compleja que implica numerosos matices”. Así, recordó que el actual sistema hipotecario y la Ley Hipotecaria por la que se rige – de la que este año se celebra el 150 aniversario –, “es un sistema muy garantista para la entidad financiera, pero que en contrapartida ha hecho posible un crédito accesible y unos tipos de interés bajos, que han permitido el acceso a la propiedad a una gran mayoría de españoles”. Aun así, manifestó que la crisis ha evidenciado algunas disfunciones del sistema que “es preciso corregir en aras de una mayor equidad”.
En este sentido, desaconsejó la dación en pago con efectos retroactivos, afirmando que “para limitar la responsabilidad del deudor al bien hipotecado es preciso cambiar la legislación vigente, lo que supondría modificar uno de los pilares fundamentales del derecho de obligaciones, como es el principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor, y tendría importantes conscuencias en otros ámbitos.” En caso de aceptarse la introducción de este sistema, Ollé insistió en que “deberían evitarse los efectos retroactivos, pues ello supondría introducir un elemento importante de inseguridad jurídica que pondría en peligro la solvencia del sistema financiero español”. Además, aún aceptándose su carácter irretroactivo, su introducción para el futuro, según diversos estudios económicos, produciría un endurecimiento de las condiciones financieras de la concesión de hipotecas, lo que acabaría perjudicando al conjunto de la ciudadanía, sobre todo a los sectores sociales que tienen más dificultades de acceso a la vivienda y su financiación, como los jóvenes.Por otra parte, recordó que el sistema de Estados Unidos defendido desde algunos sectores, ni es vigente en todos los Estados ni tiene equivalente en Europa continental, que “con algunas diferencias, sigue el mismo sistema español de responsabilidad patrimonial ilimitada del deudor por razón de la hipoteca”, y afirmó que precisamente el incio de la crisis financiera y económica internacional se halla en el sistema hipotecario estadounidense, “que falló estrepitosamente en el caso de las hipotecas suprime”.
En este sentido, manifestó que “serían bien recibidas propuestas correctivas y optimizadoras” implantando medidas que mejorarían sensiblemente la posición del deudor. Entre ellas destacó la necesidad de “modificar la regulación del concurso de particulares, que podría ser una alternativa muy válida a la dación en pago”, en la medida que se corrigiese el procedimiento actual que tiende inexorablemente a la liquidación, especialmente para el supuesto de la vivenda familiar, a la que solicitó dotar de un trato especial. Así, afirmó que sería necesario favorecer la negociación con los bancos, con el fin de permitir evitar la liquidación en la medida de lo posible. Manifestó que habrá que ver cómo queda definitivamente la reforma concursal, a punto de aprobarse, pues hay algunas propuestas de procedimientos extrajudiciales de carácter preconcursal, para particulares, que, de prosperar, serían un avance muy importante. Y, de cara al futuro, propuso la necesidad de aprobar una ley de Sobre Endeudamiento o Segunda Oportunidad, para los supuestos de insolvencia sobrevenida, como existe en la mayoría de países europeos de nuestro entorno, y que permita a las familias no quedar perpetuamente endeudadas.
También citó ”los vigentes intereses de demora – superiores en muchas ocasiones al veinte por ciento, que “son claramente excesivos y deberían limitarse”-; y la necesidad de mejora técnica del procedimiento que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo prioritario “introducir nuevas causas de oposición del deudor, muy insuficientes en la actualidad”. Además, aplaudió el reciente cambio al alza del valor mínimo por el que los bancos pueden adquirir un inmueble ejecutado, elevado del 50% al 60%, petición que habían formulado desde el notariado en reiteradas ocasiones. En este orden de cosas también comentó que es preciso “mejorar la normativa de tasaciones, sobre todo en el punto relativo a la independencia de las compañias tasadoras respecto de las entidades financieras.” Por útlimo, recordó que recurrir al procedimiento notarial de ejecución extrajudicial, evitando acudir a los juzgados, permite reducir costes y disminuir el tiempo necesario para culminar el proceso, dado el actual colapso judicial, aunque sería conveniente mejorar algunos aspectos de este procedimiento para su introducción generalizada.
Ollé finalizó su intervención recordando que el actual sistema de seguridad jurídica preventiva español ofrece un altísimo nivel de seguridad jurídica, gracias a la presencia e intervención del notario, con el control de legalidad, independencia e imparcialidad que aporta, y la protección que dispensa el registro. “Un sistema –afirmó – que se ha demostrado válido tanto en la etapa del boom económico como en la fase de crisis”. Finalmente, recordó el papel fundamental de los notarios en el asesoramiento gratuito y reequilibrador, la transparencia y la información al ciudadano, labor preventiva clave que podría ser muy útil potenciar aún más en el futuro, ofreciendo la corporación notarial la máxima disponibilidad y colaboración con la Administración y los ciudadanos en estos objetivos.
