- En el marco de una Jornada sobre esta materia
- También reivindican la necesidad de consagrar legislativamente el control de legalidad notarial
- Los destacados juristas participantes en la Jornada coinciden en apostar por la desjudicialización
El Decano del Colegio de Notarios de Cataluña, Joan Carles Ollé, ha reivindicado con firmeza la necesidad de aprobar la Ley de Seguridad Jurídica Preventiva, tema repetidamente pospuesto por los sucesivos ministros de Justicia. Así lo ha afirmado en el transcurso de la “Jornada sobre Seguridad Jurídica Preventiva en el marco constitucional” que ha tenido lugar esta tarde en la sede colegial. “Es imprescindible – ha afirmado – para clarificar y resolver definitivamente cuestiones como el control de legalidad o las respectivas competencias de notarios y registradores; en definitiva, para modernizar y actualizar un sistema que se ha demostrado plenamente válido para mantener la paz social y para el desarrollo de los mercados, tanto en la época de bonanza como en tiempos de crisis”. En este sentido, ha recordado que la actual crisis económica y financera internacional se originó con el grave problema de las hipotecas subprime en Estados Unidos, “que no es mas que, en definitiva, una crisis de seguridad jurídica. En nuestro país cabe destacar que, pese a estos momentos difíciles, el actual sistema, basado en la actuación indepiendente, sucesiva y complementaria de notarios y registradores, ha demostrado ser un sistema fiable, eficaz y que garantiza plenamente los derechos de los ciudadanos”. Además, recordó la necesidad de que el Gobierno consagre legalmente el control de legalidad notarial, tras la sentencia de 18 de agosto de 2008.
Por otro lado, Ollé ha querido destacar la excesiva judicialización de la sociedad actual en todas aquellas materias en que no hay propiamente un contencioso entre las partes, ámbito en el que ha destacado el riguroso documento elaborado el 2010, impulsado desde el Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña y en el que participaron todos los operadores jurídicos. El estudio incluyó importantes aportaciones en este ámbito, y el Decano destacó el hecho de que en nuestro país “el carácter mixto del notario lo hacen idóneo para asumir en el futuro nuevas funciones en beneficio de la sociedad en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Hay que apostar por la desjudicialización” ha concluido.
Esta idea ha sido ampliamente respaldada por los participantes en la Jornada, entre ellos Pascual Ortuño, Director de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, quien ha afirmado que “se ha sobrecargado a los jueces de responsabilidades, con ligitiosidad impropia. Además – ha continuado – el juez no ha de ser el brazo ejecutor del deudor o del banco, ya que la ejecución puede recaer, en muchos aspectos, en el ámbito notarial, ámpliamente prestigiado y preparado para asumirlo”.
Enrique López, Magistrado de la Audiencia Nacional, ha sido protagonista de otra de las ponencias, que ha presentado el moderador de la Jornada dada su forzada ausencia de última hora por un motivo familiar. En ésta, López ha afirmado que “es muy importante hacer el sistema previsible y eficaz en la resolución de conflictos”, destacando el hecho de que “el poder de los jueces es el poder del Derecho” y reivindicando un Estatuto jurídico diferenciado que garantice su plena independencia. En cuanto a la reforma del poder judicial, ha afirmado que “es necesario abordar con tranquilidad medidas profundas que permetan restaurar su crédito”. Para ello, ha afirmado ser necesario hacerlo desde cinco grandes ejes: el elemento personal valorando la capacidad del juez para aplicar las normas -; el material – paliando el déficit estructural de la Administración de Justicia -; el formal – teniendo presente que la protección del derecho debe ser correctora de su vulnerabilidad -; y el temporal – afirmando que el hecho de que los procesos se alarguen en exceso comporta una pérdida de efectividad patológica que deberá resolverse-.
Finalmente, Francisco José Hernando Santiago, Magistrado del Tribunal Consitucional, y ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha hecho un laudo a la Constitución de 1978, asegurando que “ha sido un auténtico punto de referencia para muchos otros países en proceso democratizador, situando a España en un lugar preeminente en el contexto internacional”. En referencia al debate abierto entorno a la necesidad o no de una reforma constitucional, Hernando se ha mostrado contrario, afirmando que “la Constitución todavía es joven y creo injustificada cualquie reforma en términos globales o sustanciales”. Definiéndola como “la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y auténtico pacto social de libertad”, de sus casi 33 años de historia Hernando ha querido destacar especialmente el hecho de que reconoce la responsabilidad del Estado por daños causados por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o por error judicial; la creación del Tribunal del Jurado, en el año 1995, como manifestación del carácter democrático del Estado en la Justicia; y la acción popular, mecanismo que permite que cualquier ciudadano español pueda constituirse como parte acusadora en un delito penal.
La jornada ha reunido a muy destacados representantes del ámbito jurídico tanto de Cataluña como de Madrid, visualizando la necesidad de restablecer los puentes de unión necesarios para continuar construyendo una justicia al servicio de los ciudadanos.
